El deterioro que está experimentando el derecho de propiedad privada en España se traduce en un exacerbado sistema impositivo, en la grave inseguridad jurídica que padece el mercado del alquiler y en la condescendencia del legislador con el fenómeno de la ocupación de viviendas. En particular, es destacable la debilidad de este derecho, en otro tiempo absoluto y sagrado, desde la perspectiva de las garantías de los expropiados una vez que sus bienes o derechos han sido justipreciados, pagados y ocupados administrativamente. La merma de garantías por obra y gracia de las sucesivas modificaciones legales, a cada cual más aciaga, se advierte, de una parte, en el régimen jurídico del derecho de reversión, que se ha desnaturalizado hasta quedar prácticamente extirpado de las expropiaciones. De otra parte, en los múltiples problemas procesales derivados de la impugnación jurisdiccional del justiprecio, que no obstante constituye el único camino hábil para remediar los abusos generados por prácticas distorsionadoras o ilegales fruto de la especulación, de la desidia o de una deficiente comprensión de la cosa pública.